A pocas semanas de que se defina la adjudicación de la concesión del río Paraná, la PIA emitió un informe técnico detallando una serie de anomalías en los pliegos y en el procedimiento administrativo. Si bien el documento es crítico, no contiene una solicitud formal para suspender la licitación, sino que aporta elementos para la investigación que lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuan.
Cuestionamientos en el eje ambiental
Uno de los puntos más sensibles del dictamen refiere a la falta de transparencia y participación real en materia ecológica:
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Acceso a la información: La PIA denunció que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) presentó más de 9.000 páginas de información técnica con un plazo mínimo para su análisis, lo que habría obstaculizado una participación ciudadana efectiva en la Audiencia Pública.
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Impacto Ambiental: El informe subraya que no se previó un procedimiento adecuado de Evaluación de Impacto Ambiental con intervención de la autoridad nacional competente, una omisión que, según la fiscalía, no se soluciona con simples planes de gestión posteriores.
Irregularidades en los pliegos y cláusulas
La fiscalía especializada reiteró defectos técnicos que ya habían sido señalados en procesos licitatorios previos y sumó nuevas preocupaciones:
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Riesgo de direccionamiento: El dictamen advierte que la fórmula de evaluación de ofertas y el procedimiento de etapa múltiple podrían favorecer un direccionamiento de la adjudicación.
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Limitaciones a oferentes: Se detectaron restricciones para la presentación de Uniones Transitorias de Empresas (UTE) y límites a la posibilidad de impugnar el proceso.
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Cláusula anticorrupción: La PIA cuestionó la redacción de esta cláusula y las condiciones para una eventual cesión del contrato, señalando que podrían beneficiar a competidores que inicialmente no estaban en condiciones de ofertar.
La respuesta del Gobierno
Tras conocerse el dictamen, el Ejecutivo nacional emitió un comunicado defendiendo la transparencia del proceso. Aseguraron que la licitación avanza de forma «exitosa», con apoyo multisectorial y sin impugnaciones formales hasta la fecha. La disputa final por el dragado de la vía navegable se mantiene entre las empresas belgas Jan de Nul y Deme.
| Organismo | Postura |
| PIA (Fiscalía) | Advierte irregularidades «serias y evidentes» en 138 pliegos. |
| Gobierno Nacional | Ratifica el proceso y sostiene que no hay impugnaciones. |
| Anpyn | Cuestionada por el volumen de información y falta de evaluación ambiental previa. |
Las conclusiones de la fiscalía sugieren que, de mantenerse estas condiciones, la futura adjudicación podría ser pasible de reproches administrativos o penales, dejando abierta una ventana de judicialización una vez que se concrete el traspaso de la gestión de la Hidrovía.
