En una conferencia de prensa conjunta entre las carteras de Seguridad, Educación y Salud, el Gobierno de Santa Fe endureció su postura frente a la ola de falsas amenazas que afectan a las instituciones educativas. La medida surge como respuesta a la proliferación de intimidaciones tras el trágico tiroteo en una escuela de San Cristóbal el pasado 30 de marzo.
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, fue tajante: el Estado perseguirá el cobro de los gastos operativos a los autores de las llamadas o notas, independientemente de si son punibles por su edad.
El costo de una «broma»: $6.000.000 por operativo
Cada vez que ingresa una amenaza, el protocolo de seguridad activa un despliegue sofisticado que incluye brigadas de explosivos, patrulleros y personal especializado.
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Impacto económico: Se estima que cada operativo cuesta, en promedio, 6 millones de pesos.
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Postura oficial: “No podemos permitir que lo paguen difusamente los santafesinos con sus impuestos. Vamos a perseguir el cobro”, enfatizó Cococcioni.
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Costo indirecto: El funcionario remarcó que el personal destinado a estas falsas alarmas deja desprotegidas otras zonas de la ciudad, vulnerando la seguridad general.
Consecuencias legales: «Huellas que no son agradables»
Más allá del resarcimiento económico, el ministro advirtió que estos actos tienen consecuencias legales a largo plazo que los jóvenes y sus familias suelen subestimar:
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Antecedentes: Aunque el autor sea menor de edad, la investigación penal deja registros que, en el futuro, impedirán obtener un certificado de buena conducta.
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Allanamientos: Los procesos incluyen la aprehensión de los involucrados y el registro de sus viviendas.
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Reflexión tardía: “Uno ve la actitud de arrepentimiento después de que son aprehendidos. Sería bueno que la actitud reflexiva evite estas cuestiones”, observó el titular de Seguridad.
El contexto escolar
El ministro de Educación, José Goity, repasó las acciones que se vienen realizando desde el incidente del 30 de marzo, cuando un alumno mató a un compañero dentro de un establecimiento. Desde ese momento, el sistema educativo y de seguridad se encuentra en máxima alerta, lo que hace que cualquier amenaza sea tomada con «la mayor seriedad» por parte del Estado.
| Punto Clave | Detalle de la Medida |
| Resarcimiento | Cobro directo del costo del operativo a los responsables. |
| Costo Estimado | $6.000.000 por cada intervención. |
| Sanción Social | Dificultad futura para trámites (Certificado de Reincidencia). |
| Objetivo | Desincentivar las amenazas y optimizar recursos policiales. |
Con esta medida, la provincia busca frenar la psicosis generada en la comunidad educativa y asegurar que los recursos de seguridad se utilicen exclusivamente para situaciones de emergencia real, trasladando la responsabilidad financiera del «chiste» a quienes deciden ejecutarlo.
