Una nueva jornada de tensión se vivió este lunes en colegios de Rosario y la región, luego de que la Policía debiera intervenir en catorce establecimientos educativos por amenazas de tiroteos. El hecho más grave se registró en el colegio Maristas, ubicado en bulevar Oroño al 700, donde en el baño de mujeres fue hallada una cartulina con un mensaje intimidatorio y un cartucho de bala calibre 9 milímetros pegado con cinta adhesiva.
Las intimidaciones responden en su mayoría al mismo patrón: inscripciones realizadas con fibrón en los baños de los colegios, en las que se advierte que se producirán tiroteos. El disparador de esta serie de amenazas es el trágico episodio ocurrido el pasado 30 de marzo en San Cristóbal, donde un adolescente de 15 años identificado como Gino C. asesinó de un escopetazo a Ian Cabrera, de 13 años, e hirió a otros dos estudiantes dentro de un establecimiento escolar.
Una amenaza que se replica en catorce escuelas
Los operativos policiales se desplegaron a lo largo de la jornada en colegios de Rosario y localidades cercanas. En varios de los establecimientos, las autoridades escolares ya habían borrado las inscripciones al momento de la llegada de los efectivos. En todos los casos se convocó a un gabinete de la Policía de Investigaciones para llevar adelante las medidas requeridas por el Ministerio Público de la Acusación.
El caso de Maristas fue el que generó mayor alarma, dado que a la amenaza escrita se sumó el hallazgo del cartucho de munición, lo que elevó la gravedad de la situación respecto al resto de los incidentes registrados en la jornada.
El gobierno provincial responde: los adultos pagarán los operativos
Frente a la multiplicación de estos episodios, el gobierno de Santa Fe convocó a una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Educación, José Goity; el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni; la vocera Virginia Coudannes; y la subsecretaria de Salud Mental, Victoria Mancini.
La principal medida anunciada apunta directamente a los adultos responsables de los menores involucrados: quienes hayan realizado este tipo de intimidaciones deberán resarcir económicamente al Estado provincial por los costos que generan los despliegues policiales.
Cococcioni precisó que cada operativo de este tipo le insume al gobierno alrededor de seis millones de pesos. «No podemos permitir que lo paguen difusamente los santafesinos con sus impuestos. Vamos a perseguir el cobro», enfatizó el funcionario.
El ministro de Seguridad también advirtió sobre las consecuencias legales que pueden enfrentar los responsables, incluso siendo menores de edad: «Una investigación penal en el marco del Código procesal penal deja huellas que no son siempre agradables para la persona en la posteridad. Lo que se plantea como una broma o un chiste, algunos años después va a impedir obtener un certificado de buena conducta», señaló.
Educación: protocolos y prevención digital
Desde el Ministerio de Educación, Goity informó que se enviaron notificaciones a todos los establecimientos con pautas concretas para abordar la situación en el ámbito escolar. Además, se avanzó en el desarrollo de un programa de educación digital orientado a prevenir este tipo de conductas, que en muchos casos son impulsadas por retos virales que circulan en redes sociales.
No obstante, el ministro reconoció la dificultad de anticiparse a estos fenómenos: «La escuela sigue siendo el mejor lugar donde pueden estar los chicos», aseguró, destacando el rol central de la institución educativa como espacio de contención y cuidado en un contexto de creciente inquietud social.
Las investigaciones por cada uno de los casos continúan a cargo del Ministerio Público de la Acusación.
