La Justicia Federal ordenó la suspensión provisoria por un plazo de seis meses de todo el plan de reorganización y ajuste estructural diseñado por el Poder Ejecutivo para el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta). La medida frena el desguace operativo del organismo de investigación, que preveía el cierre de sedes clave, la supresión de ministerios internos y desvinculaciones de trabajadores en distintas provincias.
La determinación judicial se conoce en el marco de una acción de amparo impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), gremio que viene impugnando los esquemas de achique y retiros en el sector público nacional.
Los puntos centrales de la reforma suspendida
La medida cautelar congela de forma directa la aplicación de la Resolución 20/2026, una normativa firmada por el actual presidente del Inta, Nicolás Bronzovich. Entre las acciones que quedan totalmente paralizadas por orden judicial se destacan:
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Cierre de sedes: Se frena la clausura de la Estación Experimental Agropecuaria del Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA) y la eliminación programada de nueve agencias de extensión territorial.
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Bienes del Estado: Queda suspendida cualquier transferencia, venta o subasta de parcelas, inmuebles históricos y equipamiento tecnológico del Inta hacia la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
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Afectación laboral: Se prohíben las desvinculaciones forzosas, traslados compulsivos de locación geográfica o pases a disponibilidad de los planteles científicos y operativos.
Fundamentos del fallo del juez Portocarrero
La resolución judicial fue dictada por el juez federal Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.° 2 de San Martín. El magistrado consideró que existen indicios claros de arbitrariedad e ilegalidad en el procedimiento administrativo oficial.
El dictamen advierte que la reestructuración exprés adolece de fundamentos técnicos suficientes y vulnera tratados de rango constitucional vinculados de forma directa al acceso a la ciencia y la tecnología, el sostenimiento de la agricultura familiar, la seguridad alimentaria y el derecho a la estabilidad laboral en el Estado.
En paralelo, el freno judicial colisiona con el plan de reducción de vacantes que las autoridades del Inta venían ejecutando mediante un sistema de retiros voluntarios. Dicho programa —que buscaba recortar cerca de 1.000 puestos en la dotación general— ofrecía un salario y medio por año de antigüedad a cambio de la desvinculación y la prohibición de reingresar al Estado por el término de un lustro.
Tras notificarse la resolución de los tribunales de San Martín, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, ponderó el fallo y ratificó que el sindicato mantendrá la vía judicial activa para salvaguardar las funciones de los organismos del sector científico considerados estratégicos para el desarrollo productivo nacional.
| Alcance de la Medida Cautelar | Estado de Situación |
| Expediente de Origen | Amparo presentado por el gremio ATE |
| Magistrado Firmante | Dr. Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto |
| Plazo de la Suspensión | 6 meses de vigencia obligatoria |
| Normativa Cuestionada | Resolución de Presidencia del Inta N.° 20/2026 |
| Impacto Operativo | Prohibición de despidos, cierres y venta de tierras |
