La ciudad de Santa Fe es escenario de un debate oral de trascendencia histórica. El juicio, que comenzó este martes, pone el foco en el circuito represivo del Departamento de Informaciones D-2 de la Policía provincial y analiza, por primera vez, el abandono y secuestro de niños como parte de la sistemática de la última dictadura militar.
Los imputados y los cargos
El tribunal juzga la responsabilidad de cuatro civiles y exmiembros de fuerzas de seguridad en operativos realizados entre febrero y junio de 1980:
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Víctor Hermes Brusa: Exsecretario del Juzgado Federal de Santa Fe.
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Eduardo Enrique Riuli, Oscar Alberto Cayetano Valdez y Antonio Parvellotti: Exintegrantes del área de Inteligencia de la Policía de Santa Fe.
Enfrentan cargos por secuestros, tormentos, allanamientos ilegales y abandono de menores, afectando a un total de 34 víctimas.
El caso «Lima»: el abandono como método represivo
Uno de los ejes centrales del juicio es el operativo ocurrido el 15 de febrero de 1980 en la localidad de Lima (Buenos Aires), que ilustra la crueldad hacia los menores:
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El secuestro: Personal policial irrumpió en una ladrillera y se llevó a un matrimonio (la familia Páez) y a su hijo mayor.
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El abandono: Otros seis hermanos, de entre 45 días y 12 años, quedaron librados a su suerte en una vivienda saqueada.
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Tesis fiscal: Para el Ministerio Público Fiscal, el desamparo de los niños no fue un accidente, sino una consecuencia directa y buscada del procedimiento ilegal. Los menores debieron mendigar y buscar ayuda por sus propios medios para sobrevivir.
Persecución en el centro y norte provincial
La causa, que deriva del expediente «Laguna Paiva», también reconstruye la represión sistemática contra trabajadores ferroviarios y militantes en diversas localidades:
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Zonas afectadas: Laguna Paiva, Esperanza, Santo Tomé, Ceres y Santa Fe capital.
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Modus operandi: Las víctimas denunciaron haber sido mantenidas encapuchadas y esposadas, sometidas a picana eléctrica, golpes y simulacros de fusilamiento en centros clandestinos antes de ser derivadas a cárceles federales.
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Complicidad judicial: Se investiga la firma de declaraciones bajo tortura y amenazas en dependencias oficiales.
Composición del Tribunal
| Función | Integrantes |
| Jueces | Ricardo Vázquez, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano |
| Fiscalía | Nicolás Sacco (Oficina de Derechos Humanos de Santa Fe) |
| Víctimas | 34 personas (incluyendo menores al momento del hecho) |
Este proceso marca un hito en la búsqueda de justicia, al reconocer el daño específico sufrido por la infancia durante la dictadura, ampliando la mirada sobre las consecuencias del terrorismo de Estado más allá de los objetivos políticos directos. Se espera que las audiencias se extiendan durante los próximos meses con la declaración de sobrevivientes y familiares.
