El Congreso de la Nación vivirá este miércoles una jornada decisiva para el futuro de los recursos naturales del país. El oficialismo, encabezado por La Libertad Avanza y con el apoyo de sectores del PRO, la UCR y bloques provinciales, buscará convertir en ley la modificación de la Ley 26.639 (Ley de Glaciares). La iniciativa propone un cambio de paradigma: la protección ambiental ya no será automática para todos los cuerpos de hielo, sino que se limitará a aquellos que acrediten una «función hídrica efectiva».
Los puntos centrales de la reforma
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo busca otorgar mayor autonomía a las provincias y flexibilizar las restricciones en zonas de alta montaña para facilitar proyectos extractivos.
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Redefinición de zonas: Se acota la tutela ambiental. Solo los glaciares y áreas periglaciares que cumplan un rol activo en la provisión de agua quedarán protegidos.
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Poder provincial: Las jurisdicciones tendrán la facultad de solicitar cambios en el Inventario Nacional de Glaciares basándose en sus propios estudios técnicos.
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Federalismo minero: Los gobernadores de la «Mesa del Cobre y del Litio» defienden la medida como una herramienta de soberanía provincial y atracción de inversiones.
Un debate marcado por la grieta minera
La firma del dictamen estuvo rodeada de tensión. La oposición cuestionó duramente la presencia de autoridades del sector minero en el plenario de comisiones, denunciando un «menosprecio» a las autoridades ambientales.
Voces a favor
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Marcelo Orrego (Gobernador de San Juan): Aseguró que «sin minería no hay futuro» y que la provincia ya cuenta con consejos técnicos para determinar qué áreas tienen función hídrica.
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Luis Lucero (Sec. de Minería de la Nación): Afirmó que el agua dulce «no es un verdadero problema» y que el proyecto es «federalismo en acción».
Voces en contra
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Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica): Denunció que el sector regulado (las mineras) es el que «dicta y redacta» la ley.
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Inés Zigarán (Provincias Unidas): Criticó que no se convocara a los ministros de Ambiente de las provincias ni al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
El escenario en el recinto
Para la sesión de este miércoles, el oficialismo llega con un optimismo moderado pero sólido. Los números en la Cámara Baja parecen inclinarse a favor de la sanción definitiva:
| Bloque / Sector | Postura | Integrantes destacados |
| Dictamen de Mayoría | A favor (37 firmas) | LLA, PRO, UCR (parcial), Innovación Federal. |
| Dictamen de Rechazo | En contra | Unión por la Patria, Coalición Cívica, Provincias Unidas. |
| Autoridades de Comisión | Presidencia | Nicolás Mayoraz (LLA – Santa Fe) lidera Asuntos Constitucionales. |
Antecedentes y posible judicialización
La reforma llega con el antecedente de una audiencia pública masiva a fines de marzo, donde se inscribieron más de 102.000 personas. Según organizaciones ambientales, la gran mayoría de las exposiciones fueron negativas hacia el proyecto.
Ante la inminencia de la sanción, diversos sectores ya advierten que recurrirán a la Justicia. Los argumentos para la judicialización se centran en:
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Principio de no regresión: La normativa ambiental nacional e internacional prohíbe dictar leyes que disminuyan los niveles de protección ya alcanzados.
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Irregularidades en la audiencia: Cuestionan que solo una mínima fracción de los inscriptos pudo hablar.
La sesión de hoy no solo definirá una ley, sino el modelo de gestión de las reservas de agua dulce más importantes de la cordillera argentina en las próximas décadas.
