En una maniobra que prioriza el interés económico inmediato sobre la seguridad hídrica a largo plazo, el Gobierno de Javier Milei logró sancionar este jueves la reforma de la Ley de Glaciares. Bajo el argumento del «desarrollo», la administración central consiguió desproteger áreas críticas de la cordillera, cumpliendo con un viejo anhelo de las corporaciones mineras que ahora ven despejado el camino para operar en zonas antes resguardadas.
La ley, que hasta hoy era un ejemplo de vanguardia en Latinoamérica para la protección de reservas estratégicas de agua, ha sido reducida a una herramienta de fomento para la extracción de oro, cobre y litio, dejando en manos de las provincias la potestad de «recortar» las zonas de protección según su conveniencia.
Un traje a medida para la minería
El eje central de la reforma impulsada por el Ejecutivo Nacional consiste en redefinir qué se considera área protegida. Al limitar la tutela estatal solo a aquellos cuerpos de hielo con «función hídrica efectiva» —un criterio técnico laxo y difícil de auditar—, el Gobierno deja desamparado al ambiente periglacial.
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Desmantelamiento de la Ley de 2010: Se rompe el espíritu de la norma original que protegía el ecosistema de montaña como un todo indivisible.
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Discrecionalidad provincial: Al otorgar a los gobernadores el poder de determinar las zonas de explotación, el Estado Nacional desliga su responsabilidad de custodiar recursos que pertenecen a las futuras generaciones.
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El relato del «progreso»: Desde la Casa Rosada insisten en que esta entrega de recursos es necesaria para atraer inversiones, ignorando que la destrucción de los glaciares es un daño irreversible en un contexto de crisis climática global.
Alianzas y rechazos en el Congreso
La aprobación en Diputados (que se suma a la media sanción obtenida en el Senado el 26 de febrero) fue posible gracias a un bloque de legisladores de provincias cordilleranas y el acompañamiento de aliados del PRO y la UCR.
| Actor | Rol en la sanción |
| Gobierno Nacional | Impulsor de la reforma para favorecer inversiones extractivas. |
| Bloques Provinciales | Aportaron los votos clave (San Juan, Catamarca, Salta, entre otros). |
| Organizaciones Ambientales | Denuncian un «ecocidio legislativo» y el incumplimiento del principio de no regresión ambiental. |
El camino a la Justicia
El triunfo legislativo del oficialismo podría ser efímero. Diversas ONG y especialistas en derecho ambiental ya preparan presentaciones ante la Justicia. El argumento principal es que esta ley es inconstitucional, ya que viola el principio de «progresividad» ambiental: una vez que se alcanza un nivel de protección sobre un recurso vital, el Estado no puede retroceder y desprotegerlo.
Con esta sanción, el Gobierno Nacional ratifica su visión de la naturaleza como un simple insumo de mercado, poniendo en riesgo el suministro de agua de gran parte del territorio nacional en favor de rentabilidades privadas que, históricamente, han dejado poco más que pasivos ambientales en las comunidades locales.
