El envío de pliegos a la Legislatura de Santa Fe para ocupar tres cargos en la nueva Cámara de Ejecución Penal ha generado una intensa polémica política en la provincia. El gobernador Maximiliano Pullaro impulsó a tres postulantes—Valeria Haurigot, Horacio Pueyrredón y Mario Guedes—quienes, aunque aprobaron el concurso, quedaron en posiciones bajas en el orden de mérito. Esta decisión ha suscitado críticas, ya que algunos consideran que Pullaro está construyendo un fuero a su medida, eligiendo candidatos que, aunque ideológicamente afines, no encabezaron el listado de méritos.
Pullaro defiende su elección argumentando que, aunque los concursos establecen un umbral de idoneidad técnica, la decisión final sobre quiénes son los más aptos recae en el Ejecutivo. Según el gobernador, es crucial que los jueces designados en esta cámara tengan un perfil que respalde la política penitenciaria del gobierno, especialmente en un contexto de crisis carcelaria que ha alimentado la violencia en Rosario.
El justicialismo, liderado por el diputado Marcos Corach, ha cuestionado duramente esta estrategia, acusando a Pullaro de imponer jueces a través de favoritismo político. Sin embargo, desde el oficialismo se argumenta que esta práctica, aunque ahora explícita, ha sido común en gobiernos anteriores. Pullaro se mantiene firme en su postura, destacando la necesidad de jueces que no interfieran con la política penitenciaria, un aspecto central en la gestión de seguridad de su administración.
