Una creciente controversia institucional se encendió en el ámbito judicial santafesino a partir del avance parlamentario del proyecto de reforma al sistema penal promovido por la administración provincial. Referentes de los colegios de abogados y especialistas en la materia alzaron la voz para alertar sobre el impacto que las modificaciones propuestas tendrían sobre las garantías constitucionales básicas, el principio de reserva y la privacidad de los ciudadanos.
El Dr. José Nanni, magíster en Derecho Penal y Derechos Humanos y especialista de amplia trayectoria en la provincia, sintetizó la postura del foro de abogados califando el escenario como «de profunda preocupación». El jurista enfatizó que el actual sistema procesal acusatorio —vigente en Santa Fe desde hace doce años— ha demostrado un funcionamiento adecuado y equilibrado, por lo que desaconsejó alterar las reglas del debido proceso bajo el argumento de combatir la inseguridad.
Allanamientos sin orden judicial y debilitamiento del control del juez
El principal punto de discordia radica en la ampliación de las facultades delegadas a la Policía y a la fiscalía para intervenir de forma directa sobre la libertad y los bienes de las personas, relegando la actuación del Poder Judicial a una simple instancia de validación posterior:
-
Ingreso a viviendas sin autorización: La normativa vigente limita el ingreso policial a domicilios particulares a situaciones excepcionales de extrema urgencia, como la escucha de gritos de auxilio o la persecución flagrante. El nuevo proyecto busca expandir significativamente ese catálogo de excepciones, permitiendo que el personal policial irrumpa en propiedades privadas sin el aval previo de un juez de garantías.
-
Jueces como «figura decorativa»: Nanni advirtió que institutos centrales del proceso penal perderán la tutela judicial previa. «El juez, en varios de los institutos que se pretenden aprobar, es prácticamente una figura decorativa», aseveró al referirse a la ejecución de allanamientos, escuchas telefónicas y la recolección de pruebas que quedarían al arbitrio de los fiscales o de funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo.
-
Investigaciones preventivas e inteligencia: Otro de los aspectos sumamente cuestionados es la habilitación de tareas de inteligencia sobre ciudadanos sin que exista la imputación de un delito concreto o una causa penal en curso. «Vos no podés hacer un espionaje preventivo, porque generás o podés llegar a generar un mal uso de las tareas de inteligencia. La investigación debe comenzar a partir de un hecho delictivo ya cometido, no del seguimiento de una persona para ver si eventualmente delinque», explicó el especialista.
Riesgo de subordinación del MPA y la inminencia de planteos judiciales
La discusión técnica también abarca la arquitectura institucional y la independencia de los poderes en la provincia, especialmente en áreas de alta complejidad criminal como el departamento Rosario. Los juristas remarcaron que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) posee rango extrapoder y debe mantener absoluta autonomía respecto de las directivas del Poder Ejecutivo.
En esa línea, Nanni sostuvo que fusionar la política de seguridad del Ejecutivo con la persecución penal del MPA genera una relación unívoca que desnaturaliza la división de poderes. Asimismo, remarcó que las garantías procesales no representan privilegios para el crimen organizado, sino un escudo protector para la sociedad en su conjunto: «La garantía está para todo el mundo: tanto para la persona que pertenece a una organización delictiva como para aquella que tiene la desgracia de sufrir un accidente de tránsito en una esquina; es exactamente la misma garantía».
Ante la consulta sobre las consecuencias de una eventual aprobación en el Poder Legislativo sin modificaciones sustanciales, el foro de abogados anticipó que el fuero penal se verá desbordado de impugnaciones: «Si el proyecto sale de la manera que fue ingresado, va a haber una chorrera de planteos de inconstitucionalidad», vaticinó Nanni. Si bien la resolución definitiva de estas presentaciones ante la Corte Suprema provincial o nacional podría demorar años, los especialistas valoraron las rondas de consulta iniciadas en la Cámara de Diputados para intentar frenar los aspectos más severos del texto.
Finalmente, el especialista desestimó que el endurecimiento procesal se traduzca en una baja real de los índices delictivos en las calles de la provincia, calificando a la iniciativa como un recurso efectista. «Lo veo más como un eslogan de campaña política que como cuestiones que hagan efectivamente a la seguridad de los santafesinos», concluyó, instando a los legisladores a enfocar la prevención del delito a través de políticas públicas integrales sin recortar los límites constitucionales que regulan la actuación del Estado.
