La causa por corrupción policial en el departamento Las Colonias sumó nuevas condenas este martes en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Mediante juicios abreviados homologados por el juez Leandro Lazzarini, dos suboficiales que cumplían funciones en la Sección de Verificación Automotor de la Unidad Regional XI, con asiento en Esperanza, fueron hallados culpables del delito de cohecho pasivo en el marco de una red de irregularidades administrativas.
Los imputados, identificados como Bernardo González (54) y Bruno Vignatti (36), recibieron una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, además de la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos dentro de la fuerza policial y una prohibición estricta de portación de armas o acercamiento a testigos. Asimismo, el magistrado les fijó multas económicas de 11 millones y 8 millones de pesos, respectivamente.
El esquema delictivo: formularios firmados sin inspección vehicular
De acuerdo con la investigación llevada adelante por el fiscal Ezequiel Hernández, las maniobras ilícitas se desarrollaron de manera sistemática e ininterrumpida desde, al menos, enero de 2020 hasta septiembre del corriente año:
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El rol de los efectivos: Los agentes cobraban sumas de dinero —entregadas en efectivo o mediante transferencias bancarias— a cambio de confeccionar, sellar y firmar formularios número 12 del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (RNPA), instrumento legal indispensable para transferencias e inscripciones de vehículos cero kilómetro.
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Omisión de controles: Los peritajes comprobaron que los policías emitían los documentos oficiales sin seguir los protocolos administrativos vigentes y sin que los rodados fueran sometidos a ninguna revisión física presencial. En reiteradas ocasiones, entregaban planillas firmadas en blanco a una gestora vinculada a la maniobra.
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Otras sanciones en la causa: Con estas sentencias ya son tres los efectivos policiales condenados en la misma investigación, sumándose al subinspector Luis Ulerich —quien recibió una pena similar y una multa de 17 millones de pesos—. La pesquisa continúa abierta sobre otro agente en prisión preventiva y una gestora imputada, sin descartar nuevas líneas investigativas sobre el destino de los vehículos verificados.
