En una sesión atravesada por el consenso político y con el antecedente reciente del femicidio de Talia Baduna en Granadero Baigorria, la Cámara de Senadores de Santa Fe otorgó media sanción por unanimidad al proyecto de ley que establece un nuevo Sistema de Prevención, Protección y Gestión Integral del Riesgo frente a la Violencia de Género (Mensaje del Ejecutivo N.º 27/2026). La norma obtuvo la aprobación general a solo una semana de su ingreso formal a la Legislatura.
La iniciativa, impulsada por la gestión provincial y enriquecida con aportes de la bancada opositora del Bloque Justicialista, fija un cambio de paradigma en la intervención estatal frente a las denuncias de violencia machista, unificando criterios de actuación entre los ministerios de Seguridad, Justicia y Desarrollo Social.
Ejes centrales: monitoreo electrónico, retiro de armas y registro unificado
La futura normativa modifica de manera sustancial las herramientas procesales y de protección disponibles para las autoridades judiciales y de seguridad:
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Matriz de riesgo en cuatro niveles: Las situaciones denunciadas serán catalogadas en niveles de riesgo bajo, medio, alto y crítico. Para los últimos dos estadios, se fija como regla general el uso de monitoreo electrónico doble (para agresor y víctima), exceptuando su aplicación solo mediante fundamentación judicial explícita.
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Intervención de oficio y desarme: Ante la emisión de una señal de alerta validada técnicamente por los dispositivos, las fuerzas de seguridad podrán intervenir de inmediato sin requerir la ratificación previa de la víctima. Asimismo, en casos de riesgo elevado, se ordena el secuestro o retiro preventivo inmediato de armas de fuego en poder del denunciado.
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Registro digital y patrocinio gratuito: Se crea un registro unificado de denuncias y cautelares para evitar la dispersión de datos entre comisarías y tribunales. A la par, el Ministerio Público de la Defensa conformará un equipo especializado para brindar patrocinio jurídico urgente y gratuito a las víctimas, sumado a la prohibición absoluta de instancias de mediación o conciliación con los agresores.
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Fondo de emergencia: La ley contempla la asignación de recursos económicos directos para cubrir traslados, alojamientos temporales, cambio de cerraduras y adecuaciones de seguridad urgentes en los domicilios de las víctimas o sus hijos.
Alarmantes estadísticas y debate en el recinto
Durante la exposición de fundamentos, los legisladores repasaron la cruda realidad que atraviesa la provincia en materia de violencia contra las mujeres:
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Cifras del 911 y femicidios: El senador Ciro Seisas (presidente de la Comisión de Seguridad) reveló que 1 de cada 4 llamadas dirigidas a la central de emergencias 911 está vinculada a episodios de violencia de género. Precisó además que, dentro de los registros expuestos, el departamento Rosario concentra 20 de los 37 casos de femicidios contabilizados en el último período y que el sistema provincial atiende un promedio de 18 denuncias diarias.
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Consenso político: El senador Esteban Motta ponderó la celeridad legislativa y remarcó la necesidad de «superar la fragmentación institucional para garantizar la protección de las víctimas por encima de cualquier diferencia». En tanto, el senador Rubén Pirola (Bloque Justicialista) celebró que las tareas de articulación asistencial se mantengan bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, aspecto consensuado durante las reuniones previas que contaron con la participación del presidente provisional del cuerpo, Felipe Michlig.
