La provincia de Santa Fe atraviesa un fuerte crecimiento en la cantidad de juicios vinculados al sistema de riesgos del trabajo. Según los últimos datos difundidos por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), durante el primer cuatrimestre de 2026 se iniciaron 6.535 demandas laborales en territorio santafesino, lo que representa un incremento interanual del 19,5%.
Solo en abril se registraron 2.241 nuevos juicios, una cifra que posiciona a Santa Fe como una de las jurisdicciones con mayor crecimiento de litigiosidad laboral del país. La variación interanual alcanzó el 24,9%, muy por encima del promedio nacional.
A nivel general, el sistema de ART acumula 39.687 juicios en los primeros cuatro meses de 2026 y proyecta cerrar el año con cerca de 138.600 demandas, un nuevo récord histórico.
Frente a este escenario, el gobierno santafesino impulsa una serie de cambios judiciales y procesales orientados a reducir el volumen de litigios y dar mayor previsibilidad al sistema laboral y productivo.
Entre las principales medidas aparece la reciente reforma del Código Procesal Laboral y la puesta en funcionamiento del Cuerpo Médico Forense por parte de la Corte Suprema de Santa Fe, herramientas que desde la UART consideran claves para intentar contener la escalada judicial.
Uno de los cambios más relevantes es la reducción del plazo de caducidad para iniciar demandas, que pasó de dos años a apenas 90 días. Además, se establecieron límites a los honorarios periciales y se fortaleció la estructura de los cuerpos médicos forenses, buscando agilizar evaluaciones y reducir conflictos judiciales.
Desde el sector asegurador sostienen que Santa Fe mantiene desde hace años un comportamiento “desproporcionado” en comparación con otras provincias productivas como Córdoba y Mendoza, y remarcan que el crecimiento sostenido de la litigiosidad genera incertidumbre tanto para empleadores como para aseguradoras.
El debate de fondo vuelve a poner en discusión el funcionamiento del sistema laboral argentino, el costo judicial para las empresas y el delicado equilibrio entre garantizar derechos laborales y evitar un esquema que termine incentivando la judicialización permanente.
