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El PJ cargó contra la Corte Suprema tras el fallo que mantiene vigente la derogación de la Ley de Tierras

A través de un documento oficial, el Partido Justicialista rechazó la resolución del máximo tribunal sobre el DNU 70/2023 y pidió una sesión especial en la Cámara de Diputados para revertir la medida

+Santa Fe

El Partido Justicialista (PJ) emitió un duro pronunciamiento contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación a raíz del fallo que dejó firme la derogación de la Ley de Tierras Rurales. Con la resolución adoptada por el máximo tribunal, quedó revocada la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había suspendido el artículo 154 del DNU 70/2023, restituible únicamente mediante el rechazo definitivo en el ámbito legislativo.

«Tres jueces pusieron la Argentina en venta» En el comunicado partidario, la conducción del PJ cuestionó fuertemente los fundamentos jurídicos utilizados por el tribunal para convalidar la vigencia de la norma impulsada por la administración del presidente Javier Milei:

  • Soberanía y territorio: La declaración sostiene que la resolución compromete el patrimonio nacional y altera la dimensión estratégica del suelo argentino al habilitar la venta ilimitada de superficies a capitales extranjeros.

  • Coincidencia con el Ejecutivo: Desde el justicialismo señalaron que los integrantes de la Corte adoptaron una postura que convalida el rechazo de regulaciones clave, desoyendo «el reclamo masivo en las calles y en el Congreso».

  • Defensa nacional: El texto remarca que la tierra debe ser tratada como un recurso estratégico no renovable: «Defender nuestra tierra es defender la soberanía y los intereses de la Nación».

El foco se traslada a la Cámara de Diputados Frente a este escenario judicial, el PJ convocó a sus dirigentes, gobernadores y bloque de diputados a articular las acciones necesarias para convocar a una sesión especial en la Cámara baja. Dado que el DNU 70/2023 ya fue rechazado por el Senado en marzo de 2024, una votación en contra por parte de Diputados alcanzaría la mayoría parlamentaria exigida por ley para derogar la medida de forma definitiva.