El Gobierno nacional y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alcanzaron un entendimiento estratégico que permite destrabar la paritaria salarial de docentes y no docentes, además de asegurar fondos frescos para los gastos operativos de las casas de altos estudios públicas. El acuerdo macro sirvió para desactivar de inmediato las medidas de fuerza de alcance federal que venían analizando los gremios del sector, devolviendo previsibilidad al dictado de clases en el sistema de educación superior.
Tras extensas semanas de extrema tensión política y negociaciones contrarreloj entre los funcionarios de la administración central y los rectores universitarios, la propuesta oficial obtuvo el visto bueno del arco sindical. El paquete acordado contempla un incremento salarial acumulado del 24,33%, el cual se implementará de manera escalonada en dos tramos específicos durante la segunda mitad del año.
El esquema de actualización de haberes se distribuirá con un primer impacto del 21,33% aplicable a partir de julio de 2026, sumando luego un 3% adicional durante el mes de octubre. Según el desglose técnico del convenio, los porcentajes asignados buscan reparar de forma retroactiva el poder adquisitivo: incluye siete puntos porcentuales asignados a las pérdidas acumuladas en el ciclo 2024, otros 12,33 puntos ligados al desfasaje inflacionario de 2025 y un último tramo de compensación por el deterioro salarial registrado hasta mayo de 2026.
Más allá de la recomposición estrictamente salarial, el acuerdo definitivo atendió otras demandas prioritarias de la comunidad académica. Entre las medidas complementarias destaca un incremento del 50% en los montos destinados al Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano, beneficio que sostiene la cursada de estudiantes en disciplinas críticas para el entramado productivo de la nación. Asimismo, se dispuso una partida de auxilio financiero extraordinario por 50.000 millones de pesos destinada exclusivamente al sostenimiento de los hospitales universitarios, un histórico reclamo abanderado por instituciones como la Universidad de Buenos Aires (UBA) para sus centros de salud.
En los despachos de la Casa Rosada interpretaron este desenlace como un triunfo para su hoja de ruta financiera, argumentando que se lograron atender las demandas operativas básicas sin vulnerar la premisa del equilibrio fiscal. Fuentes vinculadas al oficialismo dejaron trascender que el desenlace se ajustó a las previsiones oficiales, considerando que la urgencia de recursos para el funcionamiento diario terminaría inclinando la balanza en favor de la aceptación de la propuesta.
Pese al avance paritario, rectores y sindicatos aclararon que la tregua en los claustros no significa el cierre de la disputa política de fondo. El Consejo Interuniversitario ratificó que mantendrá firmes las acciones legales iniciadas para exigir la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, norma que fuera vetada por el Poder Ejecutivo y cuya validez y constitucionalidad definitiva se encuentra bajo el análisis y dictamen de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
