En una resolución de alto impacto político e institucional, el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 8, Marcelo Martínez de Giorgi, dispuso el sobreseimiento de la totalidad de los imputados en la causa penal iniciada tras el resonante escándalo financiero vinculado a la criptomoneda $LIBRA. La medida judicial beneficia de forma directa al presidente de la Nación, Javier Milei; a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a otros nueve empresarios, consultores y colaboradores involucrados en el desarrollo y la difusión del activo digital.
El fallo de primera instancia se dictó en estricta sintonía con el requerimiento elevado previamente por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien tras un exhaustivo análisis de las pruebas reunidas concluyó que los sucesos investigados no configuraron un comportamiento punible. En su escrito de resolución, el magistrado Martínez de Giorgi dejó asentado expresamente que «los sucesos denunciados no encuadran en una figura legal, con la mención que la formación del proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado» los involucrados en la pesquisa.
El análisis sobre la publicación en la red social X y las acusaciones de estafa
El eje central del expediente judicial giró en torno a determinar si la conducta del jefe de Estado al momento de difundir la iniciativa en las plataformas digitales constituía un ardid propio del delito de estafa o si, por el contrario, encuadraba dentro del ejercicio de la función pública bajo los tipos penales de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad o negociaciones incompatibles con la administración estatal.
Al analizar la intervención del mandatario, el juez federal dictaminó que la mera publicación o difusión de un activo financiero a través de la red social X —acción que innegablemente dotó de confianza y visibilidad al activo ante miles de potenciales compradores— resulta ser un elemento insuficiente, por sí mismo, para perfeccionar la estructura típica del delito de estafa o fraude informático. De igual modo, la resolución judicial descartó plano cualquier anomalía administrativa, al certificar que no existieron convenios ni contratos oficiales celebrados entre el Estado nacional y el empresario estadounidense Hayden Mark Davis para prestar asesoramiento técnico en materia de activos virtuales.
El origen del escándalo cripto y el perfil de los involucrados
El controvertido episodio tomó estado público el viernes 14 de febrero de 2025, momento en que el propio mandatario difundió a través de sus canales digitales información relativa al proyecto cripto. La masiva repercusión provocó un estallido inicial en el volumen de operaciones que derivó en un ascenso meteórico de la cotización del token $LIBRA, seguido horas más tarde por un colapso estrepitoso de su valor de mercado. Aquella brusca fluctuación provocó severas pérdidas patrimoniales a cientos de inversores particulares, desencadenando de inmediato una andanada de denuncias penales en los tribunales de Comodoro Py.
A lo largo de la instrucción, la estrategia defensiva del Poder Ejecutivo sostuvo que la intervención presidencial se circunscribió estrictamente a la divulgación de un emprendimiento privado en calidad de ciudadano e idóneo en temas económicos, desligando cualquier accionar institucional. Tras contrastar los informes financieros, las pericias informáticas y la reconstrucción de los libros de órdenes de la moneda virtual, el Ministerio Público Fiscal entendió que la volatilidad y los perjuicios económicos sufridos por los tenedores de $LIBRA no obedecieron a una maniobra delictiva articulada por los promotores, sino al propio riesgo intrínseco de las transacciones con criptoactivos no regulados.
La nómina completa de los sobreseídos y los pasos procesales
Además del Presidente y de la secretaria general de la Presidencia, la resolución del juez Martínez de Giorgi extinguió la acción penal de manera definitiva sobre los restantes nueve acusados que figuraban en la causa:
-
Mauricio Novelli y Hayden Mark Davis: Señalados originariamente por los denunciantes como los desarrolladores e impulsores primarios de la arquitectura del proyecto financiero.
-
Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales: Integrantes del entramado consultor y de difusión mediática de activos digitales.
-
Julian Peh, María Alicia Rafaelli, María Pía Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino: Asesores y colaboradores vinculados a la logística técnica, legal y comercial de la firma.
Si bien la resolución dictada por el titular del Juzgado N.º 8 marca el cierre del capítulo penal para los imputados, el sobreseimiento deberá alcanzar la firmeza procesal para posibilitar el archivo definitivo del expediente. Hasta tanto venza el plazo de notificación a las partes y al Ministerio Público Fiscal, el fallo podrá ser objeto de eventuales recursos de apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal. De quedar firme en la alzada, la causa $LIBRA quedará concluida sin consecuencias penales ni administrativas para los principales referentes del Gabinete nacional.
