El exdiputado nacional y economista José Luis Espert fue procesado sin prisión preventiva por el delito de presunto lavado de dinero. La medida fue firmada por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, quien además le impuso la prohibición de salir del país y un embargo sobre sus bienes por $1.000 millones. La causa involucra también a su contador, Mariano Cosentino —señalado como partícipe necesario—, y a la firma Varianza S.A.
La investigación penal busca reconstruir el origen y la trazabilidad de US$200.000 que el dirigente recibió en 2019 de parte de Federico “Fred” Machado, un empresario detenido y procesado en Estados Unidos. La hipótesis de la Fiscalía sostiene que el cobro de dicho monto se habría intentado justificar mediante un contrato simulado de asesoramiento técnico a la firma minera guatemalteca Minas del Pueblo, vinculada a Machado.
Los vuelos de campaña, la compra de bienes y el avance de la causa
El expediente no solo analiza la transferencia bancaria, sino también el entramado de aportes e infraestructura logística aportados durante el año electoral 2019:
-
Vínculos y logística de campaña: Según consta en el expediente, la relación entre Espert y Machado incluyó la sesión de uso de un avión privado para realizar más de 30 vuelos de campaña presidencial, la cesión de un vehículo blindado para su traslado personal y el financiamiento de eventos de presentación de su libro.
-
Destino de los fondos: Los peritajes financieros impulsados por la fiscalía buscan precisar si los US$200.000 percibidos fueron canalizados posteriormente hacia la adquisición de vehículos de alta gama y la constitución de un fideicomiso inmobiliario en el barrio privado Costa Esmeralda.
-
Situación de «Fred» Machado: El empresario argentino se declaró culpable tiempo atrás ante los tribunales federales de Estados Unidos por conspiración para el lavado de activos y fraude electrónico, luego de acordar el retiro de los cargos por tráfico internacional de estupefacientes.
La Cámara Federal de San Martín respaldó las actuaciones del fiscal
De forma paralela a la resolución del juzgado de primera instancia, los camaristas Néstor Pablo Barral y Alberto Lugones, integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, desestimaron una serie de nulidades presentadas por la defensa técnica del exdiputado.
Los abogados de Espert habían cuestionado la validez de las medidas probatorias ordenadas por el fiscal Rodolfo Domínguez, criticando la apertura de dispositivos celulares sin peritos de parte, el uso de informes de inteligencia reservados y las medidas sobre el patrimonio de su entorno familiar. Asimismo, la defensa había solicitado la recusación del fiscal por presunta falta de objetividad.
Sin embargo, el tribunal de alzada rechazó la totalidad de los planteos al considerar que las actuaciones respetaron las garantías procesales y constitucionales, confirmando tanto la continuidad de las diligencias probatorias como la permanencia del fiscal al frente de la instrucción.
