El Estado argentino formalizó este martes su presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, una iniciativa impulsada en aguas cercanas a las Islas Malvinas por empresas británicas e israelíes. La medida institucional se instrumenta luego de que venciera el plazo de dos semanas otorgado por la administración de Javier Milei al Reino Unido para suspender las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental en disputa.
La solicitud, anunciada de manera oficial mediante un comunicado de la Presidencia de la Nación, busca que el tribunal con sede en Hamburgo, Alemania, dicte medidas provisionales de carácter urgente mientras se conforma formalmente el tribunal arbitral encargado de resolver la controversia de fondo.
Ejes de la presentación internacional y antecedentes del yacimiento
La ofensiva diplomática y jurídica llevada adelante por Cancillería y la administración central contempla diversos aspectos técnicos y geopolíticos:
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Fundamento legal (Convemar): La presentación se basa en el artículo 290, inciso 5, de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el cual habilita la solicitud de medidas precautorias para preservar los derechos soberanos y prevenir daños graves al medio marino antes de la constitución del tribunal arbitral definitivo.
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El proyecto Sea Lion: Ubicado a unos 220 kilómetros de las islas en la Cuenca Malvinas Norte, el yacimiento es operado por la israelí Navitas Petroleum (65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%). Pese a los reclamos argentinos, las firmas prevén iniciar perforaciones en 2027 y comenzar con la producción comercial en el primer trimestre de 2028.
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Posturas contrapuestas: Mientras que Buenos Aires argumenta que las autorizaciones unilaterales británicas agravan el conflicto soberano reconocido por la ONU, el gobierno de Londres sostiene que las concesiones otorgadas a través de las autoridades isleñas se ajustan plenamente a la normativa internacional aplicable.
