Desde su llegada al Poder Ejecutivo, la gestión libertaria inició un proceso de reorganización de la planta estatal, no renovando cientos de contratos y poniendo a disponibilidad a aquellos en planta permanente. Para gestionar esta situación, se creó el Registro Nacional de Personal en Situación de Disponibilidad y se estableció una escala para determinar el período de disponibilidad según la antigüedad: hasta 15 años (6 meses), entre 15 y 30 años (9 meses), y más de 30 años (12 meses).
Las personas afectadas recibirán un haber de disponibilidad equivalente a la retribución de su situación escalafonaria, excluyendo otros conceptos remunerativos. Para el cálculo de la indemnización, se considerarán las retribuciones percibidas hasta el pase a disponibilidad y los servicios prestados como personal permanente, excluyendo aquellos con indemnizaciones previas o causas que no generaron derecho a indemnización. Aquellos con sumarios en curso no podrán cobrar la indemnización hasta el cierre del expediente.
Además, los empleados de licencia por enfermedad, maternidad o accidente no podrán ser puestos en disponibilidad. Los próximos a jubilarse, dentro de 12 meses, serán reubicados temporalmente hasta que se resuelva su situación.
El gobierno también implementó un sistema de puntaje y sanciones para quienes incumplan sus funciones, considerando actos como llegadas tarde, incumplimiento de horario, inasistencias y condenas judiciales.
En cuanto a los procesos administrativos, se introdujeron cambios para agilizar la gestión. Los trámites en recursos y reclamos serán gratuitos, salvo aquellos que requieran el pago de una tasa específica. Se estableció el nuevo Reglamento de Procedimientos Administrativos, permitiendo a los adolescentes intervenir directamente en procedimientos administrativos y utilizando medios electrónicos para notificaciones formales y presentación de escritos.
Sin embargo, esta reglamentación cubre solo la primera parte de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Aún falta ultimar detalles para implementar los demás títulos de la legislación, incluyendo el RIGI, uno de los puntos más conflictivos en ambas cámaras legislativas.
